Estoy participando junto a otras personas provenientes de varios colectivos sociales, profesionales y académicos de una iniciativa en el marco del artículo 303 de la Constitución de la República para impugnar ante la Cámara de Diputados el Decreto que modifica el Plan de Ordenamiento Territorial de Salto.
Esta modificación ampliar hacia el arroyo San Antonio en más de 400 ha el área urbana de Salto. Desde Seregni (ex Viera) hasta el Río Uruguay y desde Vinci (ex Apolón) hasta Garibaldi y el arroyo San Antonio. Una superficie similar a la que ocupan todos los barrios ubicados entre el arroyo Ceibal y Patulé, desde el río hasta el Bagashoping; o a la que ocupan todos los barrios del llamado extremo este, desde el Burtón hasta el arroyo Ceibal Grande que pasa por detrás del Nuevo Uruguay, Andresito y Barrio Artigas; o al área más consolidada, comprendida entre Barbieri, Blandengues y Viana, el Arroyo Ceibal y el Río Uruguay.
Este enorme aumento de la superficie de suelo urbano y del consecuente aumento del costo de funcionamiento de la ciudad, se aprobó sin discusión pública, no se generaron oportunidades reales para que los salteños, que son en definitiva los dueños de la ciudad participaran de alguna forma de ese proceso. Tampoco lo discutieron sus representantes, los ediles de todos los partidos lo votaron en menos de una hora y sin discusión previa, solo Scabino y Bidart se opusieron.
Ya existían en Salto más de 300 ha de suelo urbano para desarrollar (básicamente chacras o chacras abandonadas dentro de la ciudad) y una cantidad enorme de baldíos y viviendas vacías (aun en el centro) que a pesar de tener todos los servicios no se usan. Todo en un contexto de muy bajo aumento de la población y con el Instituto de Estadística anunciando que vamos a ser menos.
Desparramar la ciudad, una clara señal de insostenibilidad social, económica y ambiental.
Esta modificación del Plan presenta algunas cuestiones que creemos necesario poner sobre la mesa:
Obliga a bituminizar más de 50.000 metros cuadrados de las calles de la zona con un nivel de detalle que no es de un plan sino de un pliego para llamado a licitación. Obras que pagará la Intendencia, seguramente con una nueva postergación de otros barrios.
Permite que en lugar de construir redes de saneamiento, los privados puedan optar por cámaras sépticas y pozos negros (que son más baratos). Esto daría varios miles de pozos negros, que según dice el expediente serían vaciados por barométrica que luego volcarían hacia la planta de tratamiento de OSE. Podría ser un problema para la contaminación ambiental y para la salud humana, incluso una molestia para el tránsito por la ciudad de las barométricas.
A pesar que insistir en el discurso con que se permitiría construir “viviendas sociales y cooperativas”, no contar con los servicios sociales básicos (educación, salud, etc.) y la baja densidad de uso prevista para la zona (en el lugar más denso se permitirá una vivienda cada 250m2 de terreno) lo hace inviable. Las cooperativas solo pueden amortizar menos de 100m2 de terreno por vivienda y por ello construyen en formato dúplex (el más común en el interior). La propuesta impide la integración socio-espacial y contrariamente al mandato legal genera segregación.
El informe ambiental que forma parte del Decreto está fechado en setiembre de 2023, previo a la autorización del Ministerio de Ambiente que se da luego de varios intercambios con observaciones en mayo de 2025. Suponemos que se contemplaron.
Lo único cierto es que esta ampliación innecesaria del área urbana nos va a salir carísimo a los salteños. Poner en funcionamiento 400 hectáreas más de ciudad, construyendo y manteniendo calles y demás espacios públicos, el alumbrado, la recolección de residuos, el ómnibus, etc. con una Intendencia con problemas financieros y que hace años mes a mes se debate si puede o no pagar los sueldos de los funcionarios.
Lo del principio, firmar por un Salto de todos.
Arq. Rogelio Texeira
